La Consejería de Salud deniega a otra mujer lesbiana el derecho a acceder a la Unidad de Reproducción Asistida

Mié, 20/04/2011 - 17:06 (XEGA)

Los derechos a ser madres de las mujeres lesbianas y bisexuales y mujeres heterosexuales solteras y sin pareja, vulnerados

Un nuevo caso de otra mujer lesbiana prueba la discriminación de la que está siendo objeto la población LGTB asturiana por parte de Salud

En los últimos días, los medios de comunicación asturianos y estatales se han hecho eco de la injusta situación vivida por Andrea Muñiz, lesbiana a la que se le denegó la medicación, prescrita por el HUCA, necesaria para aumentar las probabilidades de éxito del tratamiento de inseminación artificial que está siguiendo para ser madre.

A este caso hay que añadir ahora la negativa por parte de la Unidad de Reproducción Asistida del Principado a Silvia G. (vocal del Área de lesbiana y miembro de la Junta Directiva de XEGA), con idéntico argumento que en el caso de Andrea: “No hay infertilidad del varón”.

Nuestra compañera solicitó ya en el mes de junio de 2010 el acceso a esta Unidad, habiendo recibido el visto bueno por parte de Atención Primaria y del Servicio de Ginecología del Hospital San Agustín de Avilés y después de haber realizado todas las pruebas médicas necesarias para acceder a la Unidad de Reproducción Asistida.

El lunes, 18 de abril de 2011, Silvia G. tenía cita en esta Unidad, verbalmente el Jefe del Servicio le trasladó la orden recibida de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de no volver a admitir a ninguna lesbiana, ni a mujeres solas, por segunda vez, la autorización. De esta forma, el Consejero de Salud y el Director General de Prestaciones refrendan y apoyan al Inspector de Prestaciones de Mieres, Jaime Sánchez, que había remitido un informe al Servicio de Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios como justificación de la primera denegación a Andrea Muñiz. A modo de conclusión, el Inspector de Mieres justifica su negativa a autorizar el tratamiento a Andrea en cuatro puntos:

  • “No consta que se hayan realizado estudios de esterilidad a ningún varón”.
  • “(…) el presente caso no se encuentra incluido en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud a tenor del Real Decreto 1030/2006, por lo que considero que no procede el visado (…) en el presente caso, salvo mejor criterio de esa Jefatura”.
  • “A determinar por el Servicio de Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios las actuaciones que consideren en este caso y la procedencia de financiar la asistencia por técnica de RHA de esta asegurada o casos similares (…)”.
  • “A determinar igualmente (…), si estima oportuno modificar el modelo de informe clínico (…) para que figure el diagnóstico de la patología que genera la esterilidad, y si la causa de ésta es el hombre, los datos de éste.

El informe es un formulario tipo, idéntico para todas las pacientes que se vienen sometiendo a un tratamiento de reproducción asistida. En ese formulario no se refleja si la mujer es estéril o no, o si hay un varón o no; la valoración clínica es previa y simplemente incorpora los datos del médico que prescribe el tratamiento, los de la usuaria, la indicación médica del tratamiento, el tratamiento y la duración del mismo. Nunca antes la Consejería de Salud había cuestionado la validez de un formulario que se viene utilizando con carácter habitual, ni la decisión previa de los facultativos a la hora de prescribir un tratamiento.

Parece que esta Consejería, en contra de la Ley 14/2006 que en este caso legisla el propio Ejecutivo a nivel estatal, es decir, el PSOE, deniega la reproducción asistida y el derecho de ser madre de una mujer que, según la Consejería, pasa por tener un varón estéril como pareja.

Si nunca antes en el Principado se denegó un tratamiento a ninguna mujer, no parece lógico que cinco años después se recurra a este argumento para comenzar a hacerlo.

Resulta curioso que una decisión que afecta a los derechos de dos usuarias lesbianas del Sistema de Salud, sean discriminadas en relación a la atención prestada a otras usuarias anteriores.

Desde XEGA consideramos que la Consejería de Salud, debería haber iniciado de oficio un expediente disciplinario contra el Inspector de Prestaciones de Mieres, esto no ha sido así, muy al contrario, le han respaldado con este nuevo caso aunque sin dejar por escrito argumentos tan socialmente reprobables como los utilizados por el Inspector de Mieres.

En el caso de Silvia G. se le dio a entender que buscara por su cuenta un varón. Para XEGA es inconcebible que desde la Administración sanitaria se contemple la necesidad de que una mujer lesbiana, bisexual o incluso una mujer heterosexual sin pareja tenga que contar con la intervención de un hombre en este proceso para ser madre. Además no podemos dejar de considerar los riesgos jurídicos y sanitarios que esto conlleva: La utilización del varón para fines propios, ignarando los derechos de paternidad -no se le podría considerar como donante de semen, el cual debe ser anónimo-, saltándose controles que eviten la transmisión de enfermedades genéticas al feto o infecciones de transmisión sexual a la madre y al feto. Es inconcebible la postura que se está manteniendo en estos casos.

A la vista de la documentación interna disponible de la que ya informamos con anterioridad y que se facilitará finalmente a los medios de comunicación en rueda de prensa, XEGA exige a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios que inicie las medidas disciplinarias oportunas contra los funcionarios mencionados. Asimismo, se sigue valorando la posibilidad de plantear una denuncia por presunta prevaricación para la discriminación por razón de orientación sexual y en defensa de todas las mujeres sin pareja masculina.

XEGA urge a la Consejería de Salud a emitir un pronunciamiento público y explícito sobre estos casos y a poner sobre la mesa la política que va a seguir el Principado en relación con la financiación de los tratamientos de reproducción asistida a mujeres lesbianas casadas o no, bisexuales y heterosexuales sin pareja, que acuden a los servicios salud asturianos. En particular, sobre si los casos de Andrea y Silvia G. han sido hechos discriminatorios aislados que se van a subsanar o, por el contrario, constituyen el principio de un recorte en los derechos de las mujeres lesbianas y, como se recoge en informes internos, “casos similares” a acceder en condiciones de igualdad a los tratamientos de reproducción financiados por el sistema sanitario público.

Por último, ni María José Ramos, Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, ni María Fernández Campomanes, Directora del Instituto Asturiano de la Mujer (IAM), se han pronunciado sobre estos casos, ni de forma pública, ni privada, a pesar de que en la reunión mantenida por representantes de XEGA y el IAM se solicitó un pronunciamiento de esta institución en defensa de estas mujeres lesbianas discriminadas por sus compañeros de Gobierno y también en defensa de la Ley de Igualdad del Principado que entró en vigor el pasado día uno de abril.


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